Os quiero hablar de una victoria. Una victoria conseguida gracias a Europa; pero una victoria conseguida, por encima de todo, por los ciudadanos y las ciudadanas madrileñas. Y una victoria conseguida por Equo, cuando muy en sus primeros momentos decidió denunciar a las autoridades europeas el incumplimiento de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid del derecho europeo y en concreto de la directiva 2008/50/CE, sobre la calidad del aire en la capital.
Los niveles de contaminación de Madrid, debidos principalmente al tráfico y en segundo lugar a la industria, son conocidos por todos. Su consecuencia es a veces olvidada: Un problema de salud pública de verdadera gravedad. Asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón e incluso muertes prematuras (cada año 16.000 en España y 1.700 solo en Madrid debido a la contaminación del aire, según la Comisión Europea) son la materialización más negra de esta realidad, en una ciudad cuyos gobernantes se niegan a elaborar planes ambiciosos para luchar contra esta situación y fomentan precisamente proyectos del todo insostenibles, como el ya fallido Eurovegas, o un crecimiento basado en la construcción que va exactamente en la dirección contraria a lo marcado por la legislación europea.
Y es que esta legislación, concretamente en materia de medio ambiente, es una de las razones por las que podemos estar agradecidos a la Unión Europea: Muchos pensamos que sin ella, y a pesar de sus últimos pasos hacia atrás, países como España nunca hubieran avanzado en medidas fundamentales para responder a la amenaza de cambio climático y a la contaminación en nuestro planeta.
Una de estas medidas es la directiva 2008/50/CE, que ensambló las diferentes normativas sobre la calidad del aire desarrolladas desde los años 90, y que recoge entre otras cosas los valores máximos tolerables (por hora, día, o año) de una serie de sustancias tóxicas como las partículas en suspensión (PM10 o PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) o el ozono troposférico. En este ámbito, son los Estados miembros los que tienen la obligación de incorporar (en unos plazos definidos) el derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico, y es obligación de la Comisión Europea supervisar y ejecutar acción legal en caso de infracción por parte del Estado miembro.
¿Y quién puede denunciar una infracción? Lo puede hacer la propia Comisión, otro Estado miembro, o cualquier ciudadano de la Unión por medio del Comité de Peticiones de Parlamento Europeo.
Así lo hizo Alejandro Sánchez en nombre de la Fundación EQUO en marzo de 2011. Denunció que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid estaban incumpliendo los límites máximos vigentes desde hacía años, que estaban recolocando las estaciones de medición de zonas más a otras menos contaminantes y que estaban implementando medidas, como el Plan de Carreteras 2007-2011, que suponían un empeoramiento de los niveles de contaminación en la Comunidad.
Y la Comisión contestó. Que con respecto a la recolocación de las estaciones de medición, no tenía suficiente información. Que con respecto a planes de carreteras, la directiva no tenía suficiente competencia. Que con respecto a algunas de las substancias señaladas, aun había lugar para posibles moratorias o a la recolección de otros datos más favorables al gobierno matritense.
Pero también que, con respecto a una de las substancias señaladas, el PM10, en una de las zonas señaladas, el Corredor del Henares, sí veía un incumplimiento claro por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por la misma señaló que comenzaba un procedimiento de infracción, dirigido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que exigiría al gobierno de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de la legislación comunitaria bajo amenaza de multas millonarias, de los que su gobierno, entonces el de Esperanza Aguirre, debería ser el único responsable.
Y así acabo una victoria, en la que los ciudadanos, por medio de Equo, forzaron al gobierno de la Comunidad de Madrid a cambiar sus políticas por el bienestar y la salud de los madrileños. Y en la que, gracias entre otras cosas a la Unión Europea, vencimos.
Seguramente esta fuera la primera de muchas victorias.
Guillermo Rodríguez 
Gulle-gulile., ¿ Por qué la autovía que cruza Madrid,, que rodea Madrid, y que permite a todos los ciudadanos cruzar y tener una circulación «aireosa» por la capital, tiene un pseudonimo de via publica, en la que pueden andar los peatones, como es el de *Calle-30* , y dejo de ser reconocida en las telecomunicaciones como M-30?
Me ha gustado como has acabado la publicación.
Mi mayor ánimo para que sigas por donde creas que tienes que seguir. Y enhorabuenas.
Nuestros gobernantes se las buscarán para intentar burlar la legislación europea, sí. En casos como el de la Calle 30, lo conseguirán, y en otros como el de la contaminación de Madrid, no podrán hacerlo. Lo interesante aquí es que la impunidad ha acabado, y que la función de la Unión Europea como supervisora del cumplimiento de los compromisos y garante de los derechos, es importante.
Muchas gracias, compañero.
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